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El famoso aforismo reza que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. En la Municipalidad Metropolitana de Lima, parece que el camino hacia la periferia está pavimentado con obras concretas, pero empantanado por palabras de dudosa caridad.
La frase atribuida al alcalde Rafael López Aliaga —»Le he puesto agua a gente que nunca se había bañado, un pozo, bomba, tubería y cañito»— es más que un simple error de comunicación. Es una bomba retórica que desmantela el valor de una obra pública crucial y expone una peligrosa mentalidad de «Paternalismo del Cañito» que atraviesa a nuestra élite.
Seamos claros: la gestión de infraestructura de agua para más de 700,000 ciudadanos sin servicios básicos es un logro encomiable. Un pozo, una bomba y una tubería son promesas de vida, salud y desarrollo. Sin embargo, estas palabras no fueron dichas en privado; fueron un juicio lapidario lanzado al espacio público, manchando el caño de agua fresca con la tinta del escarnio.
La pregunta que la sociedad debe hacerse es: ¿Por qué la necesidad de añadir el juicio moral?
Al insinuar que la falta de agua se debía a que los beneficiarios «nunca se habían bañado», la retórica de la autoridad edil hace dos cosas perniciosas:
La miseria de las periferias de Lima no se soluciona con condescendencia.
Lo más irónico de este episodio es que constituye un acto de perfecto autosabotaje político. Un alcalde que se presenta como el «liberador de la pobreza» y el empresario con «amor al prójimo» necesita la conexión más honesta y empática con la base popular. Al usar un lenguaje que perpetúa el estereotipo de «pobres = cochinos», no solo ofende, sino que traiciona su propia plataforma.
Los pobladores de Manchay, de San Juan de Lurigancho, y de tantos otros asentamientos humanos, son gente trabajadora que construyó sus casas en condiciones imposibles, usando cada sol para su sustento, y acarreando baldes de agua por necesidad, no por elección. Su dignidad está forjada en la resiliencia, no en un certificado de baño diario.
La verdadera liberación de la pobreza no es solo poner tuberías; es respetar la dignidad intrínseca de la persona a la que se le está sirviendo. Es reconocer que el agua es un derecho humano, y que la obra pública debe ser un acto de justicia, no de caridad vanidosa.
El silencio de la MML ante esta controversia es ensordecedor. No basta con hacer obras; se debe hablar con respeto, con la certeza de que el servicio es una deuda histórica que el Estado salda, y no un favor que el gobernante otorga.
Exigir la verificación y, si es el caso, la disculpa por esta frase, no es un capricho político. Es un llamado a que la gestión pública en Perú asuma que la infraestructura debe ir acompañada de la empatía.
El agua fluye por el cañito, pero la dignidad debe ser innegociable. Y esa, señor alcalde, no se puede bombear.